El comunicado señala que las actividades relacionadas con productos no regulados podrían representar un riesgo significativo para la gestión adecuada de la empresa de inversiones y potencialmente comprometer el cumplimiento de sus obligaciones comerciales reguladas.
En un comunicado reciente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y las Autoridades Nacionales Competentes (ANC) afirmaron que las criptomonedas deben ser claramente etiquetadas como no reguladas si una empresa ofrece esta clase de activos a los inversores.
Es importante destacar que estas ofertas se promocionan como alternativas a instrumentos financieros regulados en el marco de la Directiva MiFID II.
La Directiva MiFID II, introducida en 2014 e implementada en 2018, se refiere a la Segunda Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, un marco legislativo establecido por la Unión Europea (UE) para regular los mercados financieros.
Aunque la legislación emblemática de Europa sobre Mercados de Activos Criptográficos (MiCA), que establecerá un marco para las empresas de criptomonedas, está a punto de ser adoptada, se espera que estos activos sigan sin regular en muchas jurisdicciones hasta que MiCA entre en vigor en 2025.
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Mientras tanto, la ESMA ha expresado preocupación por los posibles riesgos para la protección y solidez de los inversores.
Los riesgos incluyen el engaño a los inversores en cuanto a su nivel de protección, confusión en relación a los productos y "venta engañosa", que consiste en vender un producto a un cliente utilizando información engañosa.
El comunicado señala que las actividades relacionadas con productos no regulados podrían representar un riesgo significativo para la gestión adecuada de la empresa de inversiones y potencialmente comprometer el cumplimiento de sus obligaciones comerciales reguladas.
La ESMA aboga por que las empresas de inversión actúen en el mejor interés de sus clientes al "actuar de manera justa, profesional y proporcionar una comunicación clara y no ambigua".
Recomienda que las empresas se aseguren de que los clientes estén completamente informados sobre el estatus regulatorio del producto o servicio que están recibiendo y que se indique claramente cuando las protecciones regulatorias no se apliquen.
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