Los fiscales de Estados Unidos están argumentando fuertemente que Zhao debería enfrentar una sentencia de tres años tras las rejas debido a su presunto papel en permitir que Binance violara las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero.
En un caso que ha mantenido a la comunidad financiera en vilo, Changpeng Zhao, el fundador y ex CEO de Binance, se encuentra en una encrucijada legal que podría definir su futuro y el del gigante del intercambio de criptomonedas que ayudó a construir. Los fiscales de Estados Unidos están argumentando fuertemente que Zhao debería enfrentar una sentencia de tres años tras las rejas debido a su presunto papel en permitir que Binance violara las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero.
En noviembre pasado, Zhao admitió su culpabilidad por violar la Ley del Secreto Bancario de EE. UU. como parte de un acuerdo monumental con el gobierno estadounidense, que asciende a la astronómica suma de $4.300 millones. Este acuerdo también incluyó su renuncia como CEO de Binance y una multa personal de $50 millones. Sin embargo, la defensa de Zhao está luchando fervientemente por una condena de libertad condicional, argumentando que él no estaba al tanto de las transacciones específicas de fondos criminales en Binance. Además, señalan el pago de la multa y la admisión de responsabilidad como motivos para evitar una sentencia tras las rejas.
El próximo capítulo de este drama legal está programado para el 30 de abril, cuando Zhao se presente ante un tribunal para su audiencia de sentencia. Sin embargo, un obstáculo importante se interpone en su camino: un juez previamente negó su solicitud de viajar fuera de los Estados Unidos, lo que significa que no puede regresar a su hogar en Dubái, donde reside con su familia.
Las condiciones y consecuencias del acuerdo al que Zhao se ha sometido son significativas. Aunque inicialmente podría haber enfrentado hasta 18 meses de prisión, ahora está sujeto a una posible sentencia de tres años, con la posibilidad de libertad condicional. Además, renunció a su derecho de apelar cualquier sentencia de hasta 18 meses como parte del acuerdo con los fiscales, lo que lo deja en una posición delicada mientras espera el veredicto final.