Esta medida surge como respuesta a una investigación iniciada el pasado 8 de marzo y tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente los de los menores.
La Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD) de Portugal ha emitido una orden para limitar temporalmente la recopilación de datos biométricos por parte de Worldcoin, una empresa que opera a través de sus dispositivos Orb en el país.
Esta medida surge como respuesta a una investigación iniciada el pasado 8 de marzo y tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente los de los menores.
Worldcoin se ha hecho conocida por su método de operación que incluye el escaneo de iris de individuos a cambio de una identificación digital y su propia criptomoneda. Según datos proporcionados por la empresa, más de 4.5 millones de personas en 120 países se han registrado con Worldcoin, de las cuales 300,000 son residentes en Portugal y han proporcionado sus datos biométricos para el proyecto.
La CNPD ha recibido “docenas de denuncias” relacionadas con la recopilación de datos de menores sin la autorización adecuada de padres o autoridades legales. Estas denuncias han llevado a la implementación de la restricción temporal mientras se completa la investigación.
Además de la acción tomada en Portugal, el gobierno de Kenia ha mantenido su prohibición del proyecto Worldcoin, mientras que autoridades legales en España también han exigido que la empresa cese su actividad. Estas medidas se deben a quejas similares sobre la recopilación de datos de menores y problemas de consentimiento.
En respuesta a estas prohibiciones, Worldcoin ha afirmado que opera legalmente en todas las ubicaciones donde está disponible. Además, la empresa ha anunciado medidas para brindar a los usuarios más control sobre sus datos, como abrir el código fuente de su software y proporcionar una nueva función de “custodia personal”.
La situación actual destaca la creciente preocupación en torno a la privacidad de los datos y el uso de tecnologías biométricas, así como la necesidad de regulaciones claras para proteger los derechos de los ciudadanos en el entorno digital.
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