Binance obtiene licencia completa para operar en El SalvadorCriptomonedas

Binance obtiene licencia completa para operar en El Salvador

La administración Bukele prometió la emisión de un bono de $1 mil millones respaldado por Bitcoin, el cual ayudaría a reducir su dependencia de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional

Binance se convirtió el martes en el primer intercambio de criptomonedas en recibir licencias de operación completas bajo la nueva regulación de activos digitales de El Salvador, casi dos años después de que el país centroamericano adoptara el Bitcoin como moneda de curso legal.

A medida que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en términos de volumen de operaciones, enfrenta escrutinio por parte de reguladores globales, su aprobación por parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador representa un avance para la compañía en dificultades, incluso cuando se ve forzada a abandonar otras jurisdicciones.

En una declaración compartida con Fortune, Min Lin, el nuevo jefe de América Latina de Binance, elogió el apoyo del gobierno salvadoreño a las criptomonedas, afirmando que esto "demuestra que la seguridad y la innovación son activos complementarios".

Bitcoin y su compatibilidad con la política

La adopción del Bitcoin por parte de El Salvador ha venido acompañada de sus propios tropiezos. El presidente Nayib Bukele anunció la iniciativa en junio de 2021, argumentando que un nuevo enfoque en el Bitcoin podría ayudar a impulsar la independencia de la economía del país, la cual depende de remesas y del dólar estadounidense, además de fomentar el turismo y el desarrollo empresarial.

Optando por un despliegue rápido, el lanzamiento ocurrió apenas tres meses después, lo cual incluyó una billetera de criptomonedas patrocinada por el gobierno llamada Chivo. Sin embargo, estuvo plagado de errores y fraudes. Tras incentivar las inscripciones con una recompensa de $30 en Bitcoin, la adopción de la criptomoneda se desaceleró rápidamente, y la mayoría de los negocios y residentes continuaron utilizando la moneda fiduciaria.

La administración Bukele prometió la emisión de un bono de $1 mil millones respaldado por Bitcoin, el cual ayudaría a reducir su dependencia de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, aunque esta medida se retrasó debido a la demora del gobierno en aprobar la regulación de activos digitales.

Aunque el bono aún no se ha materializado, la Asamblea Legislativa del país finalmente aprobó la ley en enero, estableciendo la Comisión Nacional de Activos Digitales. En abril, la firma de criptomonedas Bitfinex, asociada en el proyecto del bono de Bitcoin, se convirtió en la primera plataforma en recibir una licencia bajo el nuevo régimen regulatorio. La aplicación de pagos en criptomonedas Strike también obtuvo una de las primeras licencias, y la compañía anunció en mayo que trasladaría su sede a El Salvador. Su fundador, Jack Mallers, fue un defensor temprano de la iniciativa Bitcoin del país.

Con el anuncio del martes, Binance se convierte en el primer intercambio en recibir licencias de operación tanto del banco central de El Salvador como de su Comisión Nacional de Activos Digitales. Según la compañía, ahora cuenta con aprobaciones y registros en 18 mercados globales.

A pesar de su aprobación en El Salvador y una reciente victoria en Dubái, Binance ha estado bajo la mira de reguladores globales. En Estados Unidos, enfrenta demandas tanto de la Comisión de Valores y Bolsa como de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, además de una posible acción inminente por parte del Departamento de Justicia.

El intercambio también ha sido objeto de escrutinio por parte de autoridades europeas, con fiscales franceses investigando a la compañía por violar leyes contra el lavado de dinero, y reguladores neerlandeses rechazando su solicitud para convertirse en un proveedor de servicios de activos virtuales.

La aprobación de Binance en El Salvador también viene acompañada de advertencias, ya que la administración Bukele enfrenta críticas por acciones autoritarias, incluida una reciente represión contra la actividad de pandillas y un intento de buscar un tercer mandato, lo cual está prohibido por la constitución.

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