Miembros de la Unión Europea aprueban un acuerdo político con el fin de impulsar la ley de IAComunidad

Miembros de la Unión Europea aprueban un acuerdo político con el fin de impulsar la ley de IA

Ante esto, tal como reportó Cointelegraph, el Comisionado de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, confirmó la “aprobación del acuerdo político alcanzado en diciembre de 2023 por parte de los 27 estados miembros”.

Cristian Elizalde

La Unión Europea ha avanzado en el marco normativo para la inteligencia artificial (IA), con los estados miembros votando para aprobar el texto final de la Ley de IA de la Unión Europea.

Ante esto, tal como reportó Cointelegraph, el Comisionado de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, confirmó la “aprobación del acuerdo político alcanzado en diciembre de 2023 por parte de los 27 estados miembros”.

Asimismo, en una publicación de la plataforma de Twitter, ahora conocida como “X”, dijo que la Ley de inteligencia artificial resulta ser histórica y la primera en el mundo. La ley de inteligencia artificial resulta ser una estrategia basada en el riesgo que implica regular las aplicaciones de IA.

Por lo tanto, el acuerdo abarca el uso gubernamental de la IA en vigilancia biométrica, hasta cómo regular los sistemas de IA como ChatGPT y las reglas de transparencia a seguir antes de ingresar al mercado. Asimismo, tras el acuerdo político de diciembre, comenzaron los esfuerzos para transformar las posiciones acordadas en un texto compromiso final para su aprobación por parte de los legisladores, concluyendo con la votación de “COREPER” el 2 de febrero, que resulta ser una votación de los representantes permanentes de todos los estados miembros.

“Basado en una idea simple: cuanto más riesgosa sea la IA, mayores serán las responsabilidades para los desarrolladores”, señala la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Europa Apt. La Ley de IA avanzará hacia la legislación con una votación en un comité crucial de legisladores de la UE el 13 de febrero, seguida de una votación en el Parlamento Europeo en marzo o abril.

Se espera que se aplique en 2026, con disposiciones específicas que entrarán en vigencia antes.

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