México requiere pago de impuestos por ventas de criptomonedas

Todo parece indicar que, en México, los usuarios que se dediquen a la venta de criptomonedas y que, por tanto, obtengan ganancias superiores a $227,000 pesos deberán cumplir sus obligaciones fiscales ante el estado, según señalaron la Prodecon.

MÉXICO.- Todo parece indicar que, en México, los usuarios que se dediquen a la venta de criptomonedas y que, por tanto, obtengan ganancias superiores a $227,000 pesos deberán cumplir sus obligaciones fiscales ante el estado, según señalaron la Prodecon.

Si bien es cierto que no existen disposiciones específicas en la actualidad para el tratamiento fiscal de las criptomonedas en el país latinoamericano, la Norma de Información Financiera (NIF) C-22 implementada en el año 2020, establece las pautas contables para las actividades relacionadas con los activos descentralizados, incluyendo la minería de criptomonedas.

Tal como señaló Cointelegraph, además el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISLR) vigente desde el año 2013, establece a juicio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), una claridad legal sobre el tratamiento fiscal que debe aplicarse a las operaciones de venta de criptomonedas.

Asimismo, en el artículo en cuestión, hace mención al tratamiento fiscal sobre la enajenación de bienes, donde se requiere el pago provisional del 20 por ciento sobre el monto generado por la operación.

De acuerdo a Prodecon, baja el paraguas de la Ley del ISLR, los usuarios que se dedican a la venta de criptomonedas y que obtengan ganancias por encima del monto mínimo establecido en el artículo 126 de $227,400 pesos, y deberán hacer su respectiva declaración.

Sin embargo, la obligación de retención del impuesto no aplica cuando el monto de la operación es inferior a $227,440 pesos y se trata de bienes muebles distintos a títulos de valor o partes sociales; además de que, el no declarar las ganancias obtenidas mediante el comercio de criptomonedas, podría considerarse como evasión de impuestos y estar sujeto a una pena máxima de hasta 9 años de prisión.